Los datos publicados por la propia Junta de Castilla y León correspondientes all mes de Julio, relativos al número de personas beneficiarias del Sistema de Atención a la Dependencia en la provincia de ZAMORA, ponen de manifiesto que el número de personas con derecho a prestación ha crecido en 2.136, motivado por la incorporación de las personas con dependencia Grado I. Pero la diferencia entre quienes tienen reconocido el derecho y quienes tienen las prestaciones concedidas ha crecido en 1.973, lo que supone un incremento muy importante en el número de personas que están esperando recibir la prestación o servicio: en la provincia se ha pasado de un 1,06 % a  un 23,35 %.

 

Desde el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes se ha pedido a la Junta de Castilla y León que el acceso a las prestaciones o servicios se produzca con efecto retroactivo desde el 1 de Julio de 2015, para todas aquellas personas con Dependencia Grado I, que ya tienen reconocido el derecho a recibir la prestación o el servicio indicado en su PIA (Plan Individualizado de Atención).

El desarrollo y aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia, contemplaba en su origen un calendario de aplicación, en el que se establecía la incorporación al sistema desde 2011 para  las personas con dependencia moderada, Grado I nivel 2, y a partir de enero de 2013 para los del mismo grado pero de nivel 1. Consiguiendo así que en 2015 se diera por finalizado el periodo de implantación del Sistema de Dependencia.

El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, modificó la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia, para prorrogar la incorporación de las personas valoradas con Grado I nivel 2 a partir del 1 de Enero de 2013 y con Grado I nivel 1 a partir del 1 de enero de 2014. En julio del año 2012, a través del fatídico Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de Julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, el Gobierno impuso recortes en la aplicabilidad y los recursos de la Ley de Dependencia, entre ellos una ampliación de la moratoria hasta 1 de Julio de 2015, para las personas con dependencia moderada, agrupadas todas ya en Grado I, al ser eliminados también los niveles.

Llegada la fecha 1 de Julio, tras la espera para acceder al derecho, de más de 21.000 personas, entre tres años y medio y dos años y medio, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está remitiendo cartas a las personas afectadas por la demora, para informarles de su incorporación al Sistema. En dichas cartas, se les indica que el derecho a los servicios y prestaciones que les corresponde, se hará efectivo desde el momento en el que se dicte resolución, sin efecto retroactivo al 1 de Julio de 2015, teniendo la administración 6 meses para dictarla.

De igual forma, en los casos en los que se opte por la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, la efectividad del derecho se producirá en el momento del pago, teniendo la administración autonómica 2 años para realizarlo. 

Esta situación, nos indica que de facto se está aplicando una nueva moratoria de 6 meses a las más de 21.000 personas dependientes, según la Consejería, de Grado I, o de hasta 2 años en los casos de prestación por cuidados en el entorno familiar, tal y como establece el punto 3 en la Disposición final primera  de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre.

 

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