La mayoría de PP y Ciudadanos ha impedido que prosperara hoy Viernes en el Pleno de la Diputación la Moción presentada por el Grupo de Diputados Socialistas y defendida por el Portavoz Eduardo Folgado de “solidaridad con los vecinos y vecinas de la Tábara, Alba, Aliste, Carballeda, Valle del Tera y Sayago, de reconocimiento y agradecimiento a todos los integrantes del dispositivo de extinción de los graves incendios forestales del 15 de Julio y 14 de Junio exigiendo la dimisión de la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, del Jefe del Servicio Territorial del Medio Ambiente, del Presidente de la Junta de Castilla y León y del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León por su negligente gestión de los incendios e instando una nueva política de prevención y gestión de incendios forestales y de conservación y mantenimiento de los bosques y espacios naturales de Zamora”.

Tal y como ha señalado el Portavoz socialista Eduardo Folgado, “PP y Ciudadanos vuelven a dar la espalda a los vecinos de la provincia. Requejo y Barrios prefieren no molestar al bipartito PP-Vox en la Junta que defender los intereses de los vecinos de las comarcas y pueblos de Tábara, Alba, Aliste, Carballeda, Valle del Tera y Sayago arrasados por los incendios”.

En la exposición de motivos de la Moción el Portavoz socialista recordaba el relato de lo sucedido en la provincia desde el pasado 14 de Junio, que ha provocado la indignación ciudadana con las dos grandes manifestaciones celebradas en la Plaza de la Marina clamando la dimisión de Mañueco y Suárez Quiñones.

Desgraciadamente tanto en el Pleno de las Cortes de Castilla y León como en los dos Plenos de la Diputación Provincial las mayorías de derechas y extrema derecha de PP, Vox y Ciudadanos han impedido exigir a la Consejería de Medio Ambiente Junta de Castilla y León que de forma inmediata habilite el operativo coordinador de emergencias y prevención y extinción de incendios que, durante todo el año en todas las comarcas de la comunidad, esté dotado de medios humanos y materiales suficientes.

Posteriormente, después de votar en contra en el Pleno del 8 de Julio, el presidente de la Diputación de Zamora, señor Requejo, se hace el indignado con la Junta de Castilla y León cuando ha sido y es cómplice de la gestión del desastre con la misma Junta a la que ahora critica y, además, es parte activa con los deficientes recursos y equipo técnicos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación que de su dirección política depende y que le hace corresponsable.

Igual de lamentable e indecente es la posición del Consejero de Medio Ambiente, señor Suárez Quiñones, que también votó en contra del Pleno de las Cortes de Castilla y León y, ahora, después de 60.000 hectáreas arrasadas en dos incendios gravísimos de Zamora, dos víctimas mortales, varios heridos y daños morales y económicos incalculables e incuantificables en las comarcas de Tábara, Alba, Aliste, Carballeda, Valle del Tera y Sayago, ahora dice lo contrario de lo que venía diciendo y apoya a posterior, cuando ya es muy tarde, lo que el PSOE le viene demandando desde hace 15 años, que es ese operativo que dure los 365 días del año para el mantenimiento y conservación de bosques y espacios naturales en previsión de catástrofes como las ocurridas en lo que va del verano 2022.

A mayor abundamiento de los despropósitos de miembros del gobierno de la Junta de Castilla y León el citado Consejero de Medio Ambiente, señor Suárez Quiñones, en declaraciones efectuadas el Lunes 25 de Julio, culpaba de los incendios “a los ecologistas y sus nuevas modas”.

Y en esa misma línea de despropósitos  incalificables el Consejero de Presidencia, señor Carnero, afirmaba en  su visita a Zamora en esa misma fecha que “era la mano del hombre y no el cambio climático, “como dicen algunos”, la causa del incendio de Vegalatrave”.

El vicepresidente de Vox en la Junta García-Gallardo iba más allá, si es que fuera posible, en lo absurdo de las ocurrencias de la Junta anunciando en Twitter las medidas de “las consejerías de Vox por los incendios: un concierto benéfico y parados limpiando bosques”.

Y, todavía más de lo absurdo, el señor Vals de Ciudadanos pide en el Congreso de los Diputados Ciudadanos exige un “Plan Zamora de prevención, reconstrucción y recuperación de los incendios forestales” y la señora Arrimadas, de la misma organización, pide un “Plan Forestal”, mientras que su representante en Zamora socio preferente del PP, señor Requejo, impide que salgan adelante las Mociones del PSOE reclamando al administración competente, la Junta de Castilla y León, medidas excepcionales que, de carácter inmediato, sean suficientes para paliar los daños, hacer frente a la restauración y recuperación socioeconómica de la Sierra de la Culebra.

Tal y como viene ocurriendo desde el inicio del actual mandato de la Diputación, el biparitido PP-Cs volvió a negar su apoyo a la Moción defendida por la Diputada Provincial y alcaldesa de San Cristóbal de Entreviñas, Leonor González, de “apoyo a la Sanidad Pública, exigiendo al señor Mañueco el cumplimiento de sus compromisos electorales para “blindar la Sanidad Pública”, para cubrir con la máxima urgencia las plazas vacantes de médicos de Atención Primaria, Pediatras y Especialistas en la provincia, de reconocimiento a los médicos, enfermeros y empleados del Sacyl, para la apertura de los Consultorios Médicos Rurales e instando al refuerzo de la Atención Primaria y Pediatría y a la dotación de Personal Sanitario ante el incremento de población en el Medio Rural en el verano de 2.022”.

El Grupo de Diputados Socialista insiste en que a pesar de la negativa de Requejo y Barrios el PSOE seguirá reiterando pleno tras pleno de la Diputación Provincial la Defensa de la Sanidad Pública y lo seguirá haciendo mientras la situación no cambie y la Junta de Castilla y León rectifique. 

Un apoyo cerrado a la Sanidad Pública y a los profesionales sanitarios, funcionarios públicos y empleados de concesionarias del Sacyl, y denunciando reiteradamente el deterioro programado del Sistema Público de Salud por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León, antes formado por el bipartido PP-Cs, ahora por PP y Vox, a través de recortes y reducción de servicios y de plantillas con el objetivo de derivar consultas, intervenciones quirúrgicas y otras prestaciones a la sanidad privada y a las compañías de seguros privados.