“Ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo desde el Pleno de la Diputación Provincial de Zamora celebrado el 2 de Febrero de 2018” ha recordado la Viceportavoz del Grupo Socialista Nieves García. “Muchos más, aun, desde el golpe de estado franquista y el inicio de la Guerra Civil en Julio de 1.936”.

 Un  Pleno, el de Febrero de 2018, en el que, por unanimidad, se adoptó el acuerdo de “homenaje y reconocimiento a todas las víctimas de la dictadura franquista, y especialmente desde esta institución a los cargos y empleados públicos de la Diputación de Zamora que sufrieron represalias por la defensa de las instituciones legítimas, legales y democráticas de la II República”.

La Viceportavoz del PSOE, Nieves García Galán, ha expresado hoy viernes 27 de octubre en la Comisión Informativa de Régimen Interior y Recursos Humanos la satisfacción del Grupo Socialista que se ponga en marcha el “Expediente 990/2021. Reparación moral y recuperación de la memoria personal y familiar de los cargos y empleados públicos condenados o sancionados por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura”.

Durante el mandato anterior el PSOE ha venido presentando mociones para “el cumplimiento de los acuerdos del Pleno de la Diputación de Zamora de 2 de Febrero de 2018 de homenaje y reconocimiento a todas las víctimas de la dictadura franquista, y especialmente desde esta institución a los cargos y empleados públicos de la Diputación de Zamora que sufrieron represalias por la defensa de las instituciones legítimas, legales y democráticas de la II República”.

“A pesar de ello –relata Nieves García- han pasado más de 5 años desde la adopción del acuerdo. Aun así celebramos el acuerdo promovido mediante Decreto del Presidente de la Diputación de fecha 4 de Octubre de 2023 en el que, en primer lugar se señala: Como expresión del derecho de la ciudadanía a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, se reconoce y declara por la Diputación Provincial de Zamora el carácter ilegal y radicalmente nulo de las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, y especialmente, de las sufridas por los cargos y empleados públicos de esta Diputación”.

El PSOE de Zamora recuerda que a propuesta del Foro para la Memoria Histórica de Zamora se adoptó el acuerdo por unanimidad del Pleno de la Diputación con el fin de “iniciar el expediente administrativo correspondiente para dar cumplimiento a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de manera que la Institución Provincial, previa comprobación en su archivo de la existencia de funcionarios y políticos represaliados procediera a revocar los acuerdos del Pleno de la Diputación Provincial de 29 de julio, 29 de agosto y 31 de octubre de 1936 por haber sido adoptados de forma ilegítima y prescindiendo de cualquier procedimiento legalmente establecido”.

El acuerdo de 2 de Febrero de 2018 también señalaba literalmente, tal y como consta en el acta del Pleno que “en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, apartado 3, de la mencionada Ley 52/2007, instar a que por el Ministerio de Justicia sean expedidas, a favor de todos los diputados provinciales y empleados de la Diputación destituidos tras el golpe de estado de julio de 1936, las declaraciones de reparación y reconocimiento personal previstas en dicha Ley”.

El PSOE de Zamora subraya que entre los antecedentes históricos de la Moción, aprobada unánimemente por los Grupos de PP, PSOE, IU y Ciudadanos se relata que “la gestora de la Diputación Provincial de Zamora –cuyos miembros se relacionan en el anexo II- fue destituida inmediatamente por las autoridades golpistas, que lo sustituyeron por una Comisión Gestora que representaba a las fuerzas promotoras del golpe de Estado. 

Varios de los gestores cesantes, y de quienes habían desempeñado estas funciones entre los meses de febrero y abril, fueron detenidos en los días siguientes al golpe de estado, y entre el 4 de agosto y el 18 de septiembre fueron asesinados seis de ellos, mientras otros eran condenados a penas de prisión. La mayoría de los asesinados y todos los supervivientes fueron sometidos a procedimientos de incautación de bienes que en algunos casos arruinaron a sus familias. 

“En el Pleno de la Comisión Gestora de 29 de julio de 1936, el presidente Agustín Martín presentó una moción "con respecto al personal que la Comisión precedente, desde que tomó posesión, nombró con carácter interino y gratificaciones concedidas", y con el acuerdo de todos los vocales, se declara separados del servicio a doce empleados interinos (Actas de la Comisión Gestora, vol. 191, acta de la sesión de 29-07-1936, Archivo de la Diputación Provincial)”. 

“El 29 de agosto del mismo año, el pleno queda "enterado" de la comunicación de defunción de tres de sus empleados y de la detención de otros tres que no tardarán en correr la misma suerte, y acuerda por unanimidad proponer al Gobernador Civil el cese inmediato de otros catorce empleados "contrarios al movimiento militar y popular salvador de la Patria, y por consiguiente peligrosos para la seguridad de la misma" (Acta de la sesión de 29-08-1936). 

El 31 de octubre de 1936, tras recibir la propuesta de resolución formulada por el diputado Venancio Hernández Claumarchirant, instructor del expediente instruido a los peones camineros, el Pleno acuerda el cese de once empleados (un capataz y diez peones camineros) e imponer la sanción de suspensión de empleo y sueldo por tres meses a otros cuatro peones camineros (acta de la sesión de 31- 10-1936). 

En total, sólo durante el año 1936, a través de actas de la Diputación y del BOP, son 48 los empleados de la Diputación represaliados mediante destitución, separación del servicio o suspensión de empleo y sueldo, de los cuales doce fueron fusilados antes de acabar el año, al igual que seis cargos públicos. Sus nombres se incluyen en los ANEXOS I y II que forman parte integrante de esta Moción.

La prolija relación de fundamentos de derecho de la Moción se inicia señalando que “el único delito que cometieron estos vecinos de la provincia fue el de tener pensamientos, creencias o ideas distintas a la de la nueva corporación provincial. Sus vidas se vieron violentamente truncadas y muchos fueron represaliados en cárceles o asesinados impunemente”.

El PSOE de Zamora adjunta el Acta de la sesión Plenaria de la Diputación Provincial de Zamora de 2 de Febrero de 2018 donde se recoge íntegramente el texto de la Moción aprobada por unanimidad, con los anexos de las personas, cargos y empleados públicos de la institución, represaliados por el franquismo sobre los que se pide la ejecución del acuerdo.