Desde las 17:00 h.. de hoy Jueves 25 de Febrero se ha celebrado en el Ayuntamiento de Zamora Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad  con el fin de abordar el proceso de contratación de la gestión de los aparcamientos subterráneos de la plaza de La Constitución y San Martín y de la ORA, cuya actual adjudicación fue anulada en Septiembre de 2006 por el Tribunal Supremo. 

Al término de la misma ha comparecido ante los Medios de Comunicación El 1er Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antidio Fagúndez, quien, con respecto a los aspectos formales de la convocatoria, ha señalado que “es el Secretario General del Ayuntamiento de Zamora junto al Alcalde quienes emiten y firman el Decreto de convocatoria en función de las competencias otorgadas a cada Concejalía y que, en consecuencia es el equipo de Gobierno quien decide cómo se organiza el Ayuntamiento”.

Respecto del fondo de la convocatoria el 1er Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana ha informado a exhaustivamente a los concejales de los Grupos Municipales de PP, IU, PSOE, Ciudadanos y no adscritos sobre el proceso de licitación y contratación iniciado en 1.999, cuya ilegalidad en la adjudicación fue declarada en 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y ratificada por el Tribunal Supremo en Septiembre de 2.006.

“Precisamente por eso no queremos cometer los mismos errores que el Partido Popular y queremos que el nuevo procedimiento de adjudicación esté supervisado por los técnicos municipales hasta en el más mínimo detalle, para evitar que los Tribunales tengan que volver declarar nulo el proceso de contratación” ha señalado Fagúndez.

“Hemos heredado un problema del Partido Popular, uno más, sobre el que ahora reclaman agilidad, cuando la última sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Zamora del mes de Junio de 2015 precisamente ponía de manifiesto la inactividad de los sucesivos equipos de Gobierno del Partido Popular en la nueva licitación”.

Antidio Fagúndez ha incidido en la idea de que “el actual equipo de Gobierno trabaja desde el primer minuto para sacar adelante este contrato y adjudicarlo con máxima urgencia posible pero con todas las garantías de legalidad y transparencia, para lo cual, y a pesar de la gran complejidad del procedimiento administrativo y de las características técnicas, tres de los cuatro documentos sobre los que están trabajando los Servicios Técnicos Municipales de distintos departamentos ya están concluidos, como son la Ordenanza sustantiva del servicio, la Ordenanza fiscal y los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas”.

SE AJDUNTA TEXTO DEL DOCUMENTO GUIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO IU-PSOE UTILIZADO EN LA COMISIÓN IFNORMATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA CELEBRADA ESTA TARDE:

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA INFORMAR SOBRE LA ANULACIÓN DEL CONTRATO DE LOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS Y ORA 25-FEBRERO-2016

En la Comisión de hoy convocada a requerimiento del Grupo Popular se informará de los hechos y circunstancias que se han sucedido desde 1999, año en que se adjudicó el contrato.

Todo lo conoce perfectamente el Grupo Popular ya que ellos han sido los responsables de las circunstancias en las que ahora se encuentra el Ayuntamiento, teniendo que licitar el contrato y hacer frente posteriormente a las indemnizaciones por la construcción de los aparcamientos en su día.

Después de 15 años de la anulación del contrato en primera instancia, es delirante que el PP exija información. Desde junio de 2015 se está preparando el Pliego que el PP fue incapaz de sacar en todos estos años. 

Hay que recordar también que la sentencia de 2006 ratificando la anulación, fue con condena en costas para el Ayuntamiento.

La sucesión de hechos es la siguiente:

1.-   El 8 de octubre de 1999, el Pleno del Ayuntamiento adjudica el contrato para la construcción y explotación de los aparcamientos subterráneos para vehículos automóviles en el subsuelo de la Plaza de San Martín y en la Plaza de La Constitución, a favor de la UTE formada por Dragados y Construcciones, S.A. y Urbaser, S.A.

2.- Se recurre por un tercero, la Sociedad Mercantil Dornier, S.A. El Ayuntamiento de Zamora está defendido por el Letrado Sr. Hernández Figueruelo. Se dicta sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el día 21 de septiembre de 2004. Se anula el contrato por no disponer del anteproyecto de explotación.  

3.- Se recurre por el Ayuntamiento al Tribunal Supremo, en casación. Y el Tribunal Supremo, mediante auto de 21 de septiembre de 2006, declara la inadmisión del recurso, con imposición al Ayuntamiento de las costas causadas. 

5.- El plazo para la ejecución, una vez firme la Sentencia, que se produce tras al auto del TS y comunicada al Ayuntamiento, este disponía de dos meses para su ejecución. La Sentencia es comunicada al Pleno del Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2006 para ser cumplida por el entonces Equipo de Gobierno.

6.- En el Pleno de 29 de enero de 2008, y siendo Portavoz en este asunto el Sr. González Prada, se acuerda que inadmitir la petición de la concesionaria de dejar de prestar el servicio por los perjuicios que podría ocasionar, y mantener el acuerdo de Pleno de 29 de diciembre de 2006 que acordaba la inmediata licitación del servicio. Ello significaba licitar el servicio de forma urgente

7.- El 12 de junio de 2015, el actual Equipo de Gobierno conoce la sentencia que ordena licitar el servicio en el plazo de 3 meses e indemnizar a la empresa. Dicha sentencia anuncia que existe una peritación de parte. 

8.- Posteriormente los servicios jurídicos del Ayuntamiento acuerdan recurrir dicha sentencia en el sentido de saber exactamente a qué empresa o grupo de empresas tiene que indemnizar el Ayuntamiento, presentándose el Recurso el 13 de Julio de 2.015. 

En la actualidad se está muy avanzada la elaboración de los documentos necesarios para ello, como son:

• La Ordenanza sustantiva del servicio

• La Ordenanza fiscal

• Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas

En todo caso, se dará al PP y al resto de los Grupos acceso a todos los expedientes sobre la anulación de este contrato en 2004 en primera instancia y el 2006 por sentencia firme.

Zamora, 25 de febrero de 2016