En la Comisión de la Presidencia celebrada esta mañana en las Cortes, el PP rechazó la PNL defendida por el Grupo Socialista que instaba a la Junta a hacer públicas las retribuciones anuales de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León.

La propuesta recogía que “la publicidad se hará expresa en la página de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, así como en las respectivas webs oficiales de cada una de las Empresas, Fundaciones Públicas y Entes dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma y, en adelante, en el articulado de los consiguientes proyectos de Ley de presupuestos generales de la Comunidad.

La propuesta recogía que “la publicidad se hará expresa en la página de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, así como en las respectivas webs oficiales de cada una de las Empresas, Fundaciones Públicas y Entes dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma y, en adelante, en el articulado de los consiguientes proyectos de Ley de presupuestos generales de la Comunidad.

“El PP no acaba de entender que la transparencia significa no poner ningún obstáculo a que los ciudadanos conozcan y puedan tener una opinión crítica fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas conforme al derecho de acceso a la información pública”, señala el procurador socialista Jose Ignacio Martín Benito, que defendió la propuesta.

Para el representante socialista “hoy el PP ha vuelto a poner un obstáculo al derecho de los ciudadanos a conocer las retribuciones de los cargos públicos.” Martín Benito advirtió en su intervención que “la opacidad ha llevado a casos como el denunciado en el Informe de Fiscalización del Consejo de Cuentas, del ejercicio 2004, según el cual, Alberto Esgueva el consejero delegado de la empresa pública EXCAL –principal investigado hoy en la trama eólica, pasó de percibir un sueldo de 56.000 euros anuales a cobrar 120.000 euros anuales más IVA.”

El PP se quedó sólo en su rechazo a la propuesta socialista. Ante la situación de empate en la Comisión, la iniciativa se debatirá en el Pleno de la Cámara “donde el PP tendrá una nueva oportunidad de rectificar este grave error”, señala Martín Benito.