El PP ha votado esta mañana en la Comisión de la Presidencia en contra de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista por la que el instaba a la Junta de Castilla y León a proceder, antes del 30 de junio de 2016, a hacer pública el desarrollo de la estructura orgánica de cada una de las distintas unidades definidas en las distintas Consejerías (tanto en servicios centrales como periféricos), así como de los organismos autónomos y entes públicos dependientes de la administración autonómica.

 

La propuesta instaba asimismo a la Junta a aprobar el reglamento regulador del procedimiento para la elaboración y publicidad de las Relaciones de Puestos de Trabajo, con el fin de que este esté vigente antes de septiembre de 2016 y a establecer, antes de septiembre de 2016 y de acuerdo con los representantes de los empleados públicos, las bases de un concurso abierto y permanente de provisión de puestos de trabajo para los funcionarios, que incluya la totalidad de plazas vacantes.

El procurador socialista, José Ignacio Martín Benito, que defendió la Proposición de Ley expuso en su intervención que el Decreto 2/2015 de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, estableció las bases de la nueva organización de la administración de la Comunidad y a lo largo del mes de julio de 2015 se han ido aprobando diversos Decretos de Estructura Orgánica de la Consejerías, a excepción de la de Familia e Igualdad de Oportunidades y Sanidad.

“En ninguno de los casos se ha producido el desarrollo de los citados Decretos de estructuras orgánicas, siendo los existentes anteriores a la nueva estructura y, en la gran mayoría de los casos, muy anteriores a 2011”, denuncia el representante socialista para quien “resulta difícil entender como una administración que debe afrontar retos muy distintos a aquellos que existían cuando se desarrollaron las estructuras orgánicas, mantenga estas sin prácticamente ninguna adaptación”

“Y más aún –añade Martín Benito- cuando se han producido traslados de áreas de competencias y funciones entre los distintos departamentos que, en algunos casos, pueden sufrir de una falta de atención por parte de la administración; es el caso por ejemplo del Área de Juventud, que en servicios territoriales de la Consejería de Familia se ha quedado prácticamente sin estructura de personal.

” Asimismo, advierte que similar situación se produce con respecto a las estructuras de los servicios territoriales. “La regulación de las Delegaciones Territoriales data de 2001 y salvo leves retoques permanece igual que entonces”, denuncia.