El procurador socialista por Zamora José Ignacio Martín Benito considera que los funcionarios no actuarán “por miedo” a represalias si denuncian irregularidades de sus superiores a pesar de la supuesta protección que figura en el proyecto de Ley de blindaje de los funcionarios que denuncien irregularidades en la Administración.

Esta norma es considerada “regresiva” ya que se recogen sanciones administrativas si los hechos denunciados son “infundados”. “Se callarán por miedo a las consecuencias. Se corre el riesgo de que con la amenaza de expediente sancionador haya menos funcionarios que se atrevan a denunciar algo”, advirtió Martín Benito.

Por ello, abogó por “garantizar una independencia orgánica y funcional del poder político a las estructuras de control interno” y por “despolitizar la Inspección General de Servicios” que actualmente se nutre con puestos de libre designación por lo que “su independencia está en entredicho”.

Por eso, el procurador socialista afirmó que “si un empleado público aprecia que existen indicios de corrupción, preferirá dirigirse directamente a la Fiscalía, porque allí no le van a abrir expediente disciplinario”.