Zancada, quien consideró que “hay que pedir responsabilidades” por el futuro que plantea el proyecto de Ley, expresó su “preocupación” por considerar que la norma “atenta” contra la “calidad” de los servicios para los ciudadanos de la Comunidad autónoma. “La voluntad del Gobierno de Rajoy es buscar la rentabilidad económica en la gestión de los servicios públicos”, afirmó. “Para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, en el caso de Zamora, sólo la capital, y en Castilla y León, quince, las diputaciones van a tener la facultad de coordinar la gestión de servicios fundamentales”, añadió, en alusión a la recogida de basura, abastecimiento de aguas, pavimentación de calles y mantenimiento y conservación de instalaciones culturales y deportivas.

Juan José Zancada hizo estas declaraciones en la sede del PSOE de Zamora, acompañado por el secretario general de los socialistas zamoranos, Antonio Plaza, y la portavoz del Grupo provincial, Rosa Muñoz, antes de participar en una reunión de trabajo sobre los efectos de la futura Reforma Local promovida por el Gobierno de España.

En este sentido, el secretario de Política Municipal del PSCyL insistió en su “temor” de que la coordinación descrita permita fórmulas de gestión que “claramente van a acabar en manos privadas” y aludió de forma expresa a empresas como Eulen y Grupo Norte. “Van a gestionar servicios que ahora prestan los ayuntamientos, que generan empleo en nuestros pueblos y esos servicios van a ser un negocio a costa de los ciudadanos del medio rural”, sentenció. “Se les va a aumentar las tasas e impuestos o se reducirá la frecuencia de prestación”, auguró, poniendo como ejemplo la recogida de basuras que, para ser rentable, “donde antes se recogía cada dos o tres días, ahora se tardará una semana o quince días”.

Igualmente, Zancada consideró un “serio problema” que la Ley contemple que deban disolverse todas las empresas públicas que no tengan un balance de equilibrio económico. “La Ley surgió por el afán de buscar en los pequeños ayuntamientos un chivo expiatorio ante Europa. Los alcaldes dijeron que no podía ser y se ha buscado otro en las entidades locales menores, pedanías, anexos, parroquias”, expuso. “En Castilla y León hay 2.233, el 60% de las que hay en España y que son una forma de organización municipal histórica que permite que cada núcleo gestione su propio patrimonio y bienes comunales”, agregó.

Así, insistió en que, aunque estas entidades locales menores no suponen ningún coste para los ayuntamientos de los que dependen pero que, de cara a Europa, “se busca su liquidación” ya que, tres meses después de la entrada en vigor de la Ley, las que no hayan presentado sus cuentas se disolverán. “Es un brindis al sol para decir a Europa que se reducen las entidades locales cuando ese ahorro estimado en 8.000 millones de euros no será tal”, aseguró.

Por lo que se refiere al apartado de los servicios sociales, Juan José Zancada denunció que la Ley supone “volver a épocas de beneficencia, no de derechos sociales”, ya que plantea que los servicios se gestionen desde las comunidades autónomas, no desde las corporaciones locales. “Que la presupueste la comunidad autónoma y que la delegue a diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, con el consiguiente recorte económico en los servicios sociales”, anotó. “La ayuda a domicilio, la teleasistencia y las ayudas de emergencia se van a reducir a la mitad, reduciendo el número de beneficiarios y su cobertura”, advirtió.